El concierto social podría traer una mayor calidad a los servicios sociales de Castilla y León al mismo tiempo que aporta una estabilidad a las entidades del Tercer Sector de la comunidad
Valladolid, 31 de mayo de 2023.
El pasado 17 de febrero de 2022, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobaba el decreto regulador del régimen de conciertos sociales en Castilla y León para la gestión de los Servicios Sociales.
Hoy, la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León ha celebrado una jornada junto con representantes de la Administración para exponer a las entidades sociales de la comunidad lo que supone para el sector este Decreto y, en sí, la fórmula de la concertación.
Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, lugar donde se han desarrollado las ponencias, explicaba que “la legislación de la Comunidad Autónoma desarrolla la figura del concierto social. No es lo mismo que un contrato o una subvención, se trata de concertar cómo se presta y quién presta determinados servicios del sistema público de servicios sociales.”
Entre los beneficios que aportaría este modelo al Tercer Sector, están la garantía de mayor sostenibilidad económica y, por lo tanto, estabilidad para las entidades sociales ya que cada concierto por servicio puede durar hasta cuatro años. Además, se conseguiría una uniformidad a en toda la Comunidad, independientemente de la provincia lo que favorecería también al usuario por asegurar la prestación de servicios en el territorio, sea cual fuere, y la durabilidad de los mismos.
Las entidades del Tercer Sector Social de Castilla y León son las encargadas de más de 5.000 servicios. La concertación podría ser una fórmula para sustituir las tradicionales subvenciones del sector, más inestables y con más limitaciones, por concertaciones que aportan una mayor seguridad y, como consecuencia, fortalecimiento de este. Además, la sociedad se aseguraría recibir servicios de calidad debido a la gran experiencia y dedicación de las entidades del Tercer Sector.
“El Decreto de Concertación aporta tres elementos que son muy importantes para las organizaciones del ámbito social. Uno es un elemento de estabilidad, en segundo lugar, flexibilidad y tercero, somos los primeros interesados en que los servicios sean de calidad”. Ha explicado Juan Pérez, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León.
Desde la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León, se participó a través de propuestas de mejora en la confección del Decreto desde sus orígenes que se remonta al año 2019. Las entidades consideraban que el concierto social era la fórmula de colaboración público-privada idónea para la prestación de servicios sociales de calidad y para mejorar su estabilidad, especialmente en las condiciones en que se ofrecen por las entidades sin ánimo de lucro. Por ello, apoyándose en argumentos jurídicos de la normativa europea, estatal y autonómica se demandó que fuera un instrumento válido y exclusivo para entidades sin ánimo de lucro.
Sin embargo, esto no resultó. El argumento en contra consistía en que en Castilla y León nos encontramos con dos limitaciones: excluir a la empresa privada puede limitar la libre prestación de servicios y restringir la competencia; y la ley de servicios sociales, que en su título VIII ya abre paso a estas corporaciones.
Actualmente la norma no distingue la intervención de entidades sin ánimo de lucro de contratistas privados y lucrativos, con los que las organizaciones del Tercer Sector Social concurren en régimen de igualdad.
Desde la Junta se pretende favorecer a las entidades sociales con criterios tales como el arraigo social, la promoción del voluntariado o las buenas prácticas en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral e igualdad de oportunidades. Asimismo, el Decreto establece, que en caso de empate tendrán preferencia las entidades sin ánimo de lucro, y en el caso de que ese empate se reproduzca, se optará por aquélla que forme parte de la Red de Protección a familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.
El pasado mes de abril, la Consejera de Familia, Isabel Blando, anunciaba que, tras un año funcionando para programas de casas de acogidas y centros de drogas se pretende ampliar el modelo para todos los servicios que incluye el Decreto en el 2024.
“El concierto es el instrumento jurídico con el que se pretende conseguir unos servicios de mayor calidad y no tener las limitaciones de la Ley de contratos que lo impide en muchas ocasiones. En la prestación de servicios a las personas en ámbitos sensibles somo son la educación, la sanidad o los servicios sociales interesa sobre todo la calidad. Muchas veces en los contratos estamos sometidos a los criterios económicos”, ha explicado Francisco Fermoso, jefe de Servicio de Gestión de Centros de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, durante la jornada a la que han asistido más de 70 representantes de entidades del Tercer Sector de la comunidad.